Fecha de emisión: 28 maig 2012
El 28 de mayo de 1862 se publicaba la Ley del Notariado, firmada por la reina Isabel II, que venía a unificar la normativa vigente del momento. Para recordar la efeméride, se pone en circulación un sello conmemorativo que reproduce el logotipo oficial del 150 aniversario (1862-2012).
El artículo 1º de la Ley dice: “El notario es el funcionario público autorizado para dar fe, conforme a las leyes, de los contratos y demás actos extrajudiciales”. De esta forma se establecía oficialmente la figura pública del notario, que cumple la doble función de ser un profesional del derecho y un funcionario público al tiempo. Al cargo se accede por oposición y es sinónimo de garantía de legitimidad y seguridad tanto para los particulares como para el Estado. Los notarios trabajan en régimen de competencia y entre sus funciones figura el otorgar escritura pública para ofrecer la máxima seguridad jurídica en derecho. Redactan testamentos, capitulaciones matrimoniales, actos de compraventa, préstamos hipotecarios, constitución de sociedades y declaraciones de herederos, entre otros tipos de documentos.
Los notarios españoles se encuentran repartidos por todo el país, incluidas las pequeñas localidades, para garantizar el servicio a toda la sociedad. Se agrupan por Colegios Notariales, que les apoyan en sus funciones a la vez que controlan sus actuaciones. Jerárquicamente dependen de la Dirección General de los Registro y del Notariado (DGRN) y al frente se encuentra el Ministro de Justicia como Notario Mayor del Reino.
El origen del notariado parece que se encuentra en los antiguos escribas egipcios y en los tabelliones romanos. En España existen referencias en los distintos Fueros de la época medieval, como el Fuero Juzgo, el Fuero Real y en las Siete Partidas del rey Alfonso X el Sabio (siglo XIII), en las que se estipulaban las condiciones que debían de reunir para poder ejercer el cargo.
La Ley del Notariado de 1862, vigente en la actualidad, pone de relieve la figura del notario como símbolo de garantía de las libertades individuales y patrimoniales entre los particulares y los poderes públicos. Desde sus orígenes se ha constituido en un elemento necesario en las sociedades democráticas y de economía de mercado, siendo una profesión muy reconocida.
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